Manifiesto de la fundación Unicap

Uniendo Capacidades por una EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS.

La Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad fue aprobada en la sede de Naciones Unidas el 13/12/2006 y se abrió a la firma de las organizaciones regionales de integración el 30/03/2007, obteniendo en su primer día 82 rúbricas. Se convirtió, por tanto, en el primer instrumento jurídicamente vinculante para el desarrollo de sociedades inclusivas e igualitarias. Asimismo, fue aprobada por unanimidad en nuestro Parlamento y ratificada en 2008. Al tener rango de tratado jurídico internacional sobre Derechos humanos, es de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional.

La Convención nace con el fin de convertirse en un instrumento efectivo para el desarrollo social en el marco de los derechos humanos. A lo largo de los últimos 11 años son numerosas las asociaciones, federaciones y comités que han luchado por transformar nuestra realidad educativa exigiendo la implantación de un único modelo que garantice la escolarización universal sin segregación por razones de discapacidad. Una única escuela donde todas y todos convivan es la base fundamental para construir una sociedad inclusiva, entendiéndola como un derecho fundamental del niño y de la niña que está por encima de la voluntad de las madres y padres o tutoras y tutores.

El informe de la investigación realizada en España por Naciones Unidas entre el 30 de enero y 10 de febrero del 2017 (bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo) a petición de SOLCOM y CERMI (Observación general núm.4 (2016) sobre el derecho a la educación inclusiva (CDPD art. 24)), afirma que España comete “violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad ….y mantiene un sistema dual de escolarización que permite la convivencia de los centros ordinarios y centros específicos de educación especial.” Este hecho es contrario a la Convención que considera que debe haber un único sistema general de educación.

Para poder garantizar una educación inclusiva es necesario un proceso de reforma integral del sistema educativo que debe conllevar importantes cambios y modificaciones en contenidos, metodologías, enfoques, estructuras, estrategias y recursos. Los estados partes del tratado, como España, tiene la obligación, por el compromiso adquirido, de garantizar la igualdad de oportunidades, promoviendo que cada individuo pueda desarrollar plenamente sus capacidades, potenciando sus puntos fuertes, dentro de una escuela para todas y todos. Los cambios que se deben acometer deben basarse en los siguientes principios:

• Se reconoce la capacidad de cada persona para aprender, ofreciendo una respuesta educativa personalizada y se depositan grandes expectativas en todo el alumnado, incluidos los que tienen discapacidad con la participación de las familias o cuidadoras y cuidadores y de la comunidad.
• Se facilitan los apoyos para que la transición del aprendizaje escolar a la formación profesional y la enseñanza superior y, por último, al entorno laboral se realice de manera efectiva, siendo cuestiones prioritarias facilitar medidas de apoyos personalizadas y ajustes razonables.
• Se fomenta el trato igualitario en los procedimientos de evaluación y examen y se certifican sus capacidades y logros en igualdad de condiciones con los demás.
• El derecho a la no discriminación incluye el derecho a no ser objeto de segregación. Su denegación, es constitutivo de discriminación. En consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño, la enseñanza debe estar orientada a desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por la diversidad y los derechos humanos.
• La inclusión es por sí misma un indicador de calidad educativa: un enfoque inclusivo aporta valores y otra visión a la forma de trabajar y participar en su comunidad escolar. Una buena escuela es aquella que desarrolla plenamente a todos los miembros de su comunidad en un marco único de respeto y convivencia.
• El sistema educativo debe estar dotado del suficiente personal escolar para garantizar el éxito de la educación inclusiva. Los Estados partes deben velar por que todo el personal docente reciba formación en educación inclusiva. Dicha formación debe ser suficiente, especializada y fundamentada en una visión del individuo de acuerdo a su potencial y su capacidad, no de su discapacidad.
• Los Estados parte deben adoptar medidas urgentes para eliminar todas las formas de discriminación jurídica, administrativa y de otra índole que obstaculicen el derecho de acceso a la educación inclusiva. La denegación de ajustes razonables constituye discriminación por motivos de discapacidad.
• En palabras de Jesús Martín Blanco*: “si empezamos de cero, no habrá que hacer posteriormente labor de sensibilización, puesto que las nuevas generaciones vendrán ya educadas en inclusión”.

Se trata de aprovechar el talento y especialización de los centros y profesionales de la educación especial, que aporten su enorme experiencia al sistema inclusivo dotándonos así de profesionales preparados y que los recursos se inviertan en un único sistema educativo que provea una escuela para todas y todos. Su implicación es pieza clave en el periodo de transición.

El pasado 10 de mayo, la Asamblea de Madrid dio luz verde a tramitación parlamentaria a una proposición de ley para la Equidad y Educación Inclusiva, con la que pretende ofrecer un marco global y amplio para mejorar la educación en la Comunidad de Madrid.

En palabras de Beatriz Galiana**: “Esta ley no es específica de un colectivo ni una ley para una parte de la población o personas con unas características concretas, sino que es una ley que afecta a la equidad y la igualdad de oportunidades de todas las personas de la Comunidad de Madrid que están escolarizadas en etapas obligatorias. La educación inclusiva no se elige, no es una opción más a elegir entre un abanico de posibilidades. No es una opción porque un sistema de calidad es aquel que no deja nadie atrás… No hay dos derechos. El derecho a la educación es siempre el derecho a la educación inclusiva”.

Por todo lo expuesto, desde la Fundación Unicap nos unimos a la petición urgente de una reforma de la legislación educativa y la implantación de un único sistema general de educación, que respete el principio de educación inclusiva basada en la igualdad de oportunidades sin discriminación por motivos de discapacidad.

* Delegado del CERMI Estatal para los DDHH y la Convención de la ONU de la discapacidad.

**Diputada de la Asamblea de Madrid.

La Fundación Unicap es una de las 93 entidades federadas a DOWN ESPAÑA.

Presidenta de la Fundación Unicap

Mónica Estacio.